Hemos señalado en este espacio que el hombre es el único ser viviente capaz de matar, torturar y aniquilar a individuos de su propia especie sin ningún provecho racional, biológico ni material. Así, mientras la agresividad de los animales es eminentemente defensiva y está al servicio de obtener alimento o conservar la vida, la de los humanos puede provenir del sólo placer de destruir. La historia de la humanidad está plagada de ejemplos en los que la constante ha sido el abuso y la violencia. Les niñes, las mujeres, los adultos mayores, las sexualidades disidentes y otros colectivos vulnerables han sido blanco tradicional de los violentos.

Y les niñes, los más vulnerables -si sirviera de algo establecer algún “ranking”-, han sido considerados objetos a lo largo de miles de años. En ese sentido, el patriarcado, misógino, discriminador y violento, los ha utilizado para los fines más diversos y abyectos. Desde trabajadores esclavos hasta objetos de perversos placeres sexuales, han sido explotados impunemente por los “malos”, mientras los “buenos”, miraron para otro lado. Recién en las últimas décadas del siglo pasado se produjeron avances significativos en la protección de esos colectivos, la cual no se ha traducido aún en una reducción efectiva de la cantidad de víctimas fatales de los agresores de género, disidencias y edad. Así, mientras Argentina ha desarrollado una legislación de las más protectoras que existen en materia de infancias, España es uno de los países de Europa que más se preocupa por la temática y que ha sancionado leyes que significaron un gran avance. Pero es sabido que las leyes en general y las de protección de grupos vulnerables en particular, mientras no lleguen a sus destinatarios de manera efectiva, serán solo tinta sobre papel. De ese modo, las duras sanciones previstas para los femicidas, no tendrán trascendencia hasta que haya menos femicidios.

Las noticias que llegaron de ese país sobre el secuestro en abril de dos niñas de seis y un año respectivamente por parte de su padre y la advertencia a su madre de que “no iba a volver a verlas” ni a ellas ni a él, y que no debía preocuparse porque “se iba a encargar bien de ellas”, anunciaban el peor de los finales. El hallazgo del cuerpo de la mayor de las hermanitas, en las profundidades del mar, hace pocas horas, paralizaron a gran parte de la sociedad española.

Hay que recordar que en 2013 comenzaron en ese país las estadísticas oficiales sobre las violencias de género. Desde ese año, han sido asesinados 41 niños a raíz de lo que se conoce como “violencia vicaria”. Esa terminología fue acuñada hace algunos años por la especialista argentina radicada en España, la psicóloga Sonia Vaccaro.

En sus palabras, “se trata una violencia contra la mujer, una violencia machista, que utiliza a sus hijos como objeto para seguir maltratando a la mujer». Sintetiza Vaccaro, en una frase que da escalofríos, la personalidad de los agresores: “Te voy a dar donde más te duele”. Y así de cruel suele ser el desenlace ya que es inimaginable un dolor mayor para el ser humano que el que genera el asesinato de un niñe por parte de su padre para hacer sufrir a su madre. Y esto es lo que sucedió en Tenerife. Un dolor que el homicida planifica y que sin dudas es superior al del propio femicidio ya que, en los crímenes de esposas o compañeras, quien muere deja de sufrir. Pero en los casos de violencia sicaria, se dan tres características siniestras. El agresor asesina a su propia hija o hijo y se suele suicidar dejando con vida a su expareja y madre de las pequeñas víctimas. De ese modo, ocasiona el mayor dolor posible a la sobreviviente por la pérdida de su hije, queda sin sanción el brutal crimen porque el homicida se quita la vida, y finalmente, al no matar a su pareja, la condena a un sufrimiento sin parangón que la acompañará hasta el último aliento de la vida que le quede.

Son terribles muertes, muchas veces anunciadas, ante la impotencia de un Estado que no suele encontrar el camino para que las leyes sancionadas brinden una protección real y efectiva a quienes alertan sobre las situaciones de graves riesgos que atraviesan ellas y sus hijes. La tragedia de la niña de Tenerife es inconmensurable y obliga a los Estados a asumir plenamente la responsabilidad de detectar las falencias institucionales que impiden la aplicación integral de las leyes protectoras. Ese es, a mi entender, el primer paso para transitar ese camino que permita prevenir semejante nivel de violencia. De otro modo, seguiremos lejos de los animales.

Una mujer santafecina denunció que fue violada por un individuo que resultó ser un albañil que trabajaba cerca de su casa. Examinada por los profesionales forenses correspondientes, se constató que presentaba lesiones compatibles con abuso sexual. El hombre fue detenido y argumentó que se trató de relaciones consentidas.

El domingo 30 de mayo, se llevó a cabo una audiencia virtual dispuesta en la ciudad de Santa Fe, ordenada por el juez Rodolfo Mingarini. Al finalizar la misma, el magistrado señaló sobre el eje de la cuestión a decidir: “Podemos pensar que habría habido relaciones forzadas, pero no puedo entender cómo, si va a tener relaciones forzadas y digámoslo, empujándola y sometiéndola, se tome el tiempo, no puedo reconstruir cómo hace para colocarse el profiláctico, y luego avanzar sobre el cuerpo de la víctima que según lo que está acá, se negaba, la verdad es que ahí es donde encuentro, la mayor, se me genera la mayor duda. Esta duda queda en una cuestión de que posiblemente puede haber pasado varias cosas. Puede haber pasado, puede haber pasado que esto se inició como algo consentido, puede haber pasado que se inicia desde el principio intentando someter. Lo que no puedo es relacionar y entrar en la lógica de colocarse el profiláctico para tener esta relación cuando tiene que estar sometiendo a la víctima. No, no, la verdad es que no lo encuentro”.

Ante la duda que le generó el uso del preservativo, decidió dejar en libertad al imputado. El registro audiovisual que tomó estado público estos días permite acreditar las reproducidas citas textuales. La claridad de los dichos del magistrado indica que el mismo violó la extensa normativa protectora de nuestra constitución nacional y santafecina que garantizan con la máxima jerarquía legal que ningún juez de nuestro país tome esa clase de decisiones infames, y en su caso, sea debidamente sancionado.

De esa cuestión, por las noticias que se conocieron, ha tomado debida cuenta la legislatura de Santa Fe a través de veinte diputadas que denunciaron al magistrado, interviniendo la Corte Suprema provincial. Pero existe otra cuestión que debe ser atendida y que, si bien puede integrar alguna de las cinco causales de destitución que prevé la normativa de Santa Fe, a lo largo de la historia judicial argentina, brilla por su ausencia. Se trata de la inhabilidad mental de algunos magistrados (art. 7 inc. 5 ley 7050 Santa Fe).

Todo profesional vinculado al derecho penal, sabe que es frecuente que los agresores sexuales utilicen preservativos para no dejar rastros de semen que permitan su eventual identificación. Sin embargo, el juez penal, Rodolfo Mingarini, dice no entender la escena de los hechos. Como bien reflexiona Enrique Stola, el juez Mingarini hace girar su razonamiento alrededor del pene del agresor, no pudiendo comprender cómo él podrá colocarse un profiláctico “cuando tiene que estar sometiendo a la víctima” (Stola 2021). Al respecto, aporta Natalia Amatiello, podemos analizar la capacidad de comprensión de una persona desde dos aspectos: uno es desde sus habilidades cognitivas –que pueden estar afectadas-, y el otro es que no comprenda porqué sus representaciones internas difieren de las del paradigma vigente. Es decir, que tenga impedimentos para analizar los datos del mundo exterior y su contexto, siempre atravesado por sus representaciones internas. Ambos aspectos pueden limitar la capacidad de comprensión y generar la falta de entendimiento de una situación determinada (Amatiello 2021).

Es por ello que Mingarini habla en primera persona “no entiendo”, dice, y llama “relación forzada” a una violación. Es decir, los tres parámetros que integran el sistema de “sana critica” de valoración de la prueba en nuestro derecho (psicología, lógica y experiencia común), en el caso de este juez, están definitivamente atravesados por la cultura patriarcal, misógina y discriminatoria que le impide tener una perspectiva de género.

“El juez Mingarini ha hecho gala de un razonamiento pueril, no incorpora el conocimiento existente y banaliza una situación dramática para quien fue víctima tomando luego decisiones que son una clara protección al agresor” (Stola 2021). Quien a los 50 años de edad no adquirió la capacidad de entender conceptos sencillos como el del violador que se pone un preservativo, ya no lo hará en adelante. Es ilustrativo recordar que Mengarini tenía antecedentes de otorgar libertades misóginas (Santo Tomé, marzo de 2020).

En síntesis, ya sea que el juez viola voluntariamente las normas que rigen su actividad, o bien que no entiende cómo cumplirlas, no puede seguir siendo juez. Cualquier dilación del Estado en apartarlo de sus funciones, puede derivar en consecuencias irreparables para las víctimas que su accionar desprotegió. Después, siempre es tarde.

Ante la dimensión de la barbarie jurídica y social cometida contra Flavia Saganías, es indispensable realizar algunas breves reflexiones. Las sociedades recurren desde la antigüedad a normas que regulen la convivencia, siendo éste uno de los recursos más importantes de la cultura para poner una barrera a aquellas tendencias ancestrales de la venganza, que, sin contención adecuada terminarían destruyendo al hombre. Por supuesto que esos límites normativos y en especial la represión organizada por los sistemas penales, implican una nueva violencia, la que muchas veces llega a ser mayor que el daño generado por los comportamientos que la comunidad censura. Pero, aceptando que no sería posible convivir sin normas, el desafío es el de construir una sociedad en la que el cumplimiento de las leyes implique un beneficio social mayor que su violación.

El caso
Flavia Saganías publicó una frase en una red social a raíz de una situación extrema padecida por su hijita de 7 años. En estado de shock, en pleno puerperio y la desesperación por su hija abusada, Flavia posteó en Facebook, 3 días después de la denuncia: “Este abusador de niños, denunciado en la fiscalía de Cosquín sigue suelto. Un violador más que sigue libre entre nuestros niños. Se llama Gabriel Fernández y vive en calle Pampa al fondo. Por favor difundir. Cuidémonos entre nosotros ya que la justicia no hace nada”. Ninguna intervención personal tuvo en las agresiones que puede haber sufrido su ex pareja.

Sin embargo, una turba de 15 ciudadanos -12 jurados populares y 3 jueces no populares-, dictó una condena a 23 años de prisión que sin duda será revertida por la instancia superior correspondiente, pero el daño ya estará hecho. Los fundamentos del insólito fallo, confirman un nivel de misoginia y desprecio por la niña abusada y su madre, que difícilmente registre antecedentes en nuestra justicia.

La violencia del jurado, de la fiscala y los jueces, es infinitamente mayor que las lesiones que sufrió el sospechado abusador. El grupo de ciudadanos que encarceló a Flavia, fue designado por un sistema de juzgamiento que de buena fe se diseñó para acercar el pueblo a la justicia. Sin embargo, en cuestiones atravesadas por ideologías patriarcales de siglos, discriminadoras de género y edad, primero hay que erradicar esas miradas brutales y luego, recién, tratar de acercar ciudadanos comunes a la no común familia judicial. Experimentos que terminen con una madre protectora encarcelada injustamente, fracasaron en el mismo instante en que se cerró la puerta de la celda.

Quien aplica correctamente la ley en el contexto adecuado, es un ciudadano justo, sea jurado popular o juez profesional. Quien, desde su misoginia –sea varón o mujer-, encarcela una madre protectora, es un verdugo.

*Carlos Rozanski es exjuez federal

Frank Kafka describió como nadie la oscuridad de los despachos de la justicia. La profundidad de sus relatos universaliza esa bruma aterradora que envuelve una parte importante de las oficinas judiciales de cualquier país. Desde la Praga kafkiana hasta el Martín Fierro de estas pampas, “hacerse amigo del juez”, siempre fue aconsejable. Es que, los jueces –mayormente varones–, han mantenido desde hace siglos un estado de cosas que beneficia a unos pocos a costa de unos muchos. Es el más descarnado poder en la lapicera de aquellos a quienes la comunidad les confió la compleja tarea de juzgar. Nada más ni nada menos. La realidad es que al sistema judicial nunca le interesó revisar en serio la conducta de los juzgadores. Más bien les dio el encubierto permiso de volcar en sus fallos sus pensamientos más atávicos, incluidos los más perversos. Y como las decisiones de los jueces son el resultado de sus convicciones y de sus sistemas de creencias, el mayor cuidado fue siempre puesto en que dichas cosmovisiones nunca colisionaran con “lo establecido”. Lo conservador en el Poder Judicial es la garantía eterna de mantencion de privilegios. Y por eso, mientras el sector social proveedor de magistrados siga siendo el mismo, similares serán las orientaciones de sus sentencias. Con lo demás, con lo de alrededor, siempre pudieron hacer lo de su antojo. Niñes, mujeres, disidencias sexuales, viejites, formaron parte de ese alrededor permitido. Lo sucedido con Solcito en el despacho de una jueza, si bien no es la única vez que desde el Poder Judicial se atormenta a une niñe, es la primera vez que se puede contar con un registro textual. La magistrada intentó reiteradamente convencer a la niña de que tenía que revincularse con su padre, recibiendo decenas de veces el NO de Solcito como clara respuesta. Agregaba que su padre era malo y ante la pregunta de por qué era malo, relataba a los tres funcionarios judiciales que cuando estaba con él “tenía la chichi (vulva) toda roja y me dolía…” (sic). La jueza le aseguraba que había que perdonarlo y que a veces las personas se arrepienten. Solcito respondía “pero no me gusta”… Su jueza lanzaba entonces: “A mí no me gustan las matemáticas pero las tengo que estudiar igual” (sic).

La tortura duró 62 minutos, y ni siquiera cesó con la angustia y el llanto de la víctima. Ello es lógico, porque quien monta una escena de esas características con una niña de extrema vulnerabilidad no sólo es incapaz de conmoverse con su llanto. Además, goza del efecto de sus perversas palabras.

Todo lo sucedido en ese despacho público de Rosario repugna. Detrás de ese escenario dantesco, se mezclan los más variados intereses. El poder económico, la búsqueda de impunidad, los silencios institucionales, las complicidades de clase y la identificación con los violentos danzan en sintonía. Es la armonía siniestra de un sistema que sólo permite cambiar aquello que garantice que nada cambie. Hace pocos días, la provincia de Santa Fe –en una decisión histórica–, destituyó al juez Mingarini, quien en una resolución jurídica puso en acto su misoginia y desprecio por la mujer víctima del caso que investigaba. Los tormentos de la jueza Silvina García, junto a los abogados Horacio Ferreira (defensor general) y a la doctora Silvina D’Agostino (abogada del niño), a Solcito, superan por lejos lo imaginable. Si bien sólo la niña tiene la real dimensión de su dolorosa experiencia, es imprescindible que el Estado haga justicia ante semejante atropello. El comienzo de la reparación es que la comunidad conozca a verdugos como la jueza García, que si bien son minoría en nuestro complejo sistema judicial, poseen en cada caso en el que intervienen un poder de daño tan alto como el nivel de perversion que guía sus actos.